Por corresponsal Red Jáuregui – Resistencia - CHACO
La Multisectorial del Chaco marchó el 5 de septiembre pasado con la consigna “seguridad no es represión, es tierra, trabajo, vivienda, salud, justicia, igualdad” y a la vez repudió la represión al pueblo de Neuquén que se levanto contra el negociado del gobierno K y Chevron.
Movimientos sociales, organizaciones sindicales, estudiantiles denunciaron 84 casos de muertes por acción u omisión estatal durante los últimos 5 años, desde el inicio de la gestión de Capitanich en el Poder Ejecutivo, es decir, un promedio de más de una muerte por mes bajo responsabilidad del Estado. Muertes por falta de atención médica, muertes sin justicia, gatillo fácil, muertes con sospecha de actuación policial y muertes en comisarías y cárceles
Tras la mala elección del 11 de agosto del FpV, el gobierno de la provincia alineado con el plan nacional de seguridad, ha aumentado la presencia de efectivos policiales en las calles, con miras de intervenir en los barrios próximamente. Así prevé capturar el voto de sectores medios que plantean el reclamo de seguridad al gobierno. El falso discurso sobre la seguridad es funcional al sostenimiento de la sociedad injusta en que vivimos porque no apunta a las causas sociales del delito ni cuestiona la violencia y la corrupción con las que se maneja la policía.
Capitanich, mas allá que simula ser dialoguista, la represión y detención a los que luchan, la persecución a la juventud de los barrios, la tortura, muerte en comisarías y cárceles es moneda corriente y tiende a querer profundizar por ese lado. Acaba de poner a un policía al frente de la Secretaría de Seguridad comisario inspector Marcelo Churín, mientras que antes dejaba en manos de civiles algunos puestos de control policial.
La reciente “pelea” entre los poderes Ejecutivo y Judicial sobre el problema de la “puerta giratoria” de los delincuentes que son liberados poco después de cometer delitos no es sino un pase de factura en una disputa política por el manejo de recursos. Ambos apuntan a la criminalización de la pobreza, sin que ninguno de los ámbitos estatales se haga cargo del problema. Como si esto fuera poco, en los últimos días se supo que el Ministro de Gobierno Verbeek amenazó a la jueza Saidman con iniciarle un juicio político por haber ordenado la liberación de 17 personas detenidas durante una razzia en un fallo que cuestiona el accionar policial. La llamada intimidatoria fue realizada desde el propio teléfono personal del Ministro, lo que habla a las claras de la impunidad con que se maneja el Poder Ejecutivo para apretar a jueces que no siguen sus mandatos. Uno de los policías involucrados en las detenciones ilegales es el cabo Olivello, quien tiene un amplio prontuario de apremios ilegales, agresión a periodistas, torturas y casos de gatillo fácil. Cabe señalar que Saidman es una de las pocas juezas cuyos fallos demuestran un fuerte compromiso con la protección de las víctimas de violencia de género, el respeto por los derechos humanos y el cumplimiento de las normas ambientales.
La movilización que paró en tres oportunidades: Superior Tribunal de Justicia, la Federación Económica del Chaco y la Casa de gobierno también rechazó al acuerdo CHEVRON- YPF y la represión desatada a quienes se levantaron contra la contaminación con el uso del fracking, la entrega de nuestros recursos, despojo a los pueblos originarios de sus territorios ancestrales y pérdida total de soberanía.
"Consideramos que la seguridad no se obtiene coartando el derecho a protestar, sino que se construye con el acceso digno al trabajo, al salario justo, a la vivienda, a la tierra, a la salud, a la justicia, a la soberanía de nuestros recursos naturales, que en este punto, el gobierno nacional intenta hacernos creer que se recuperó YPF, cuando en realidad lo que está haciendo es reemplazar una multinacional por otra" rezaba el documento de la multisectorial.
Leer informe completo Muertes por inacción estatal / falta de atención médica
Corresponsal Red Jáuregui – Resistencia - CHACO
La Multisectorial del Chaco marchó el 5 de septiembre pasado con la consigna “seguridad no es represión, es tierra, trabajo, vivienda, salud, justicia, igualdad” y a la vez repudió la represión al pueblo de Neuquén que se levanto contra el negociado del gobierno K y Chevron.
Movimientos sociales, organizaciones sindicales, estudiantiles denunciaron 84 casos de muertes por acción u omisión estatal durante los últimos 5 años, desde el inicio de la gestión de Capitanich en el Poder Ejecutivo, es decir, un promedio de más de una muerte por mes bajo responsabilidad del Estado. Muertes por falta de atención médica, muertes sin justicia, gatillo fácil, muertes con sospecha de actuación policial y muertes en comisarías y cárceles
Tras la mala elección del 11 de agosto del FpV, el gobierno de la provincia alineado con el plan nacional de seguridad, ha aumentado la presencia de efectivos policiales en las calles, con miras de intervenir en los barrios próximamente. Así prevé capturar el voto de sectores medios que plantean el reclamo de seguridad al gobierno. El falso discurso sobre la seguridad es funcional al sostenimiento de la sociedad injusta en que vivimos porque no apunta a las causas sociales del delito ni cuestiona la violencia y la corrupción con las que se maneja la policía.
Capitanich, mas allá que simula ser dialoguista, la represión y detención a los que luchan, la persecución a la juventud de los barrios, la tortura, muerte en comisarías y cárceles es moneda corriente y tiende a querer profundizar por ese lado. Acaba de poner a un policía al frente de la Secretaría de Seguridad comisario inspector Marcelo Churín, mientras que antes dejaba en manos de civiles algunos puestos de control policial.
La reciente “pelea” entre los poderes Ejecutivo y Judicial sobre el problema de la “puerta giratoria” de los delincuentes que son liberados poco después de cometer delitos no es sino un pase de factura en una disputa política por el manejo de recursos. Ambos apuntan a la criminalización de la pobreza, sin que ninguno de los ámbitos estatales se haga cargo del problema. Como si esto fuera poco, en los últimos días se supo que el Ministro de Gobierno Verbeek amenazó a la jueza Saidman con iniciarle un juicio político por haber ordenado la liberación de 17 personas detenidas durante una razzia en un fallo que cuestiona el accionar policial. La llamada intimidatoria fue realizada desde el propio teléfono personal del Ministro, lo que habla a las claras de la impunidad con que se maneja el Poder Ejecutivo para apretar a jueces que no siguen sus mandatos. Uno de los policías involucrados en las detenciones ilegales es el cabo Olivello, quien tiene un amplio prontuario de apremios ilegales, agresión a periodistas, torturas y casos de gatillo fácil. Cabe señalar que Saidman es una de las pocas juezas cuyos fallos demuestran un fuerte compromiso con la protección de las víctimas de violencia de género, el respeto por los derechos humanos y el cumplimiento de las normas ambientales.
La movilización que paró en tres oportunidades: Superior Tribunal de Justicia, la Federación Económica del Chaco y la Casa de gobierno también rechazó al acuerdo CHEVRON- YPF y la represión desatada a quienes se levantaron contra la contaminación con el uso del fracking, la entrega de nuestros recursos, despojo a los pueblos originarios de sus territorios ancestrales y pérdida total de soberanía.
"Consideramos que la seguridad no se obtiene coartando el derecho a protestar, sino que se construye con el acceso digno al trabajo, al salario justo, a la vivienda, a la tierra, a la salud, a la justicia, a la soberanía de nuestros recursos naturales, que en este punto, el gobierno nacional intenta hacernos creer que se recuperó YPF, cuando en realidad lo que está haciendo es reemplazar una multinacional por otra" rezaba el documento de la multisectorial.
Leer informe completo Muertes por inacción estatal / falta de atención médica
Corresponsal Red Jáuregui – Resistencia - CHACO
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