LA ABSOLUCIÓN DE LOS DELEGADOS DEL GARRAHAN: UN REVÉS PARA EL GOBIERNO NACIONAL

Los delegados del Hospital Garrahan: Lerer, García, Mansilla y Agüero, llevados a juicio oral tras la huelga del año 2005, fueron finalmente absueltos, por pedido del propio fiscal de la causa. Fue el propio fiscal de la causa quien pidió la absolución de los trabajadores, planteando que se trataba de un caso de “criminalización de la protesta social”.

 La absolución representa un importante triunfo de la movilización obrera y popular, a la cual aportaron comisiones internas, delgados, agrupaciones de derechos humanos, partidos políticos, organizaciones sociales, territoriales y estudiantiles. Es un aliciente para seguir peleando por el desprocesamiento de los 5.000 luchadores populares perseguidos por luchar. El resultado del juicio, a su vez, llega en un momento inoportuno para el gobierno nacional. El camino del ajuste, compartido por los gobiernos provinciales, solo puede allanarse persiguiendo a los que luchan. En el Chaco, luego de represión sobre los docentes, el gobierno provincial inició acciones contra representantes de los maestros y referentes sociales. En Neuquén, también con los docentes en lucha, el gobierno provincial impulsa un "plebiscito" para prohibir el derecho a huelga. En la santacruceña Las Heras las grandes empresas petroleras están detrás del pedido de cadena perpetua para trabajadores del sector. El juicio del Garrahan no dejó dudas del carácter político que tiene esta judicialización a los luchadores. El mismo fiscal Fornasiari debió admitir que la causa era un ejemplo de "criminalización de la protesta social" y acusó a la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, de armar la causa "con una clara intencionalidad política". Justo en la inminencia del final del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, que dejó al descubierto, grabaciones telefónicas mediante, el trato íntimo entre el ministro Tomada y José Pedraza, preocupados ambos dos por el conflicto de los tercerizados. Se hace necesario reclamar la renuncia de Rial y de Tomada. Por último, se trata de un revés para un gobierno que en los últimos días trata de pilotear las consecuencias de la catástrofe de las inundaciones, escondiendo su responsabilidad en los hechos detrás de la inmensa solidaridad popular. El nuevo impulso a la "reforma de la justicia" intenta desviar la atención de los verdaderos problemas que sufre el pueblo. En este marco, cobra mayor envergadura la necesidad de que los sectores combativos se expresen en la actual situación política, para que se escuche la voz de la pelea contra los topes salariales, contra la represión de la protesta y por que la crisis no la pague el pueblo trabajador. Aprovechemos el nuevo aniversario del 1° de Mayo para impulsar un gran acto unitario del combativismo, la izquierda y los que luchan.