Red Jáuregui

Brasil

ANTE LA TREMENDA DESIGUALDAD SOCIAL: REBELIÓN POPULAR  

La protesta popular masiva en Brasil es el resultado de un malestar creciente y extendido por todo el territorio brasileño, frente a una desigualdad social insoportable y un contraste indignante entre los multimillonarios fondos destinados a los mega eventos deportivos (Copa Confederaciones 2013, Copa del Mundo 2014, Juegos Olímpicos 2016), y el retraso comparativo en áreas vitales como vivienda, salud, educación y el propio servicio de transporte público.

Pocos días después de la visita del vice presidente de EEUU Joe Biden a Brasilia, gastándose en elogios al gobierno local por sus avances económicos y sociales, las calles de las principales ciudades brasileras se poblaban de cientos de miles de manifestantes que, enfrentando el tarifazo en el transporte, llegaron hasta las puertas de los estadios donde se jugaban los primeros partidos de la Copa Confederaciones, repudiando el derroche de fondos públicos en obras que no pueden disfrutar.
La respuesta oficial, a través de la Policía Militarizada fueron gases lacrimógenos y balas de goma, mientras la fiesta seguía puertas adentro del mítico, renovado y ultra elitizado Maracaná. Las escenas de choques en las calles envuelven a las tres principales metrópolis (San Pablo, Río de Janeiro y Belo Horizonte) y el centro político: en Brasilia llegaron a copar el edificio del Congreso Nacional, y en Río el objetivo principal fue la Asamblea Legislativa, donde algunos grupos llegaron a arrojar bombas molotov y quemar autos y colectivos en las inmediaciones.
Todas estas manifestaciones se dan en un país muy poco acostumbrado a los enfrentamientos callejeros y, una vez superada la parálisis inicial, el gobierno buscó descomprimir la situación, con la propia presidenta Dilma Rousseff reconociendo la legitimidad de los reclamos y llamando cínicamente a “escuchar la voz del pueblo”.
Acto seguido, como fruto de las movilizaciones, en más de diez ciudades las autoridades han decidido volver atrás con el tarifazo al transporte urbano. De todos modos, las movilizaciones, bloqueos de rutas, y concentraciones multitudinarios, lejos de plantearse una tregua, se siguen reproduciendo. Y, mas allá de los mensajes apaciguadores que intentan dar desde el gobierno, la policía sigue mostrando la verdadera respuesta a los reclamos. A esta altura, las heridas provocadas por las protestas masivas en la gobernabilidad no tienen retorno a la vista.
El inicio de la Copa Confederaciones, programado como el arranque de un período que tendrá a Brasil como centro de atención mundial de la escena deportiva y comercial hasta 2016, resultó ser también el detonante de su contracara, la aparición en la escena local y mundial de un actor colectivo imprevisto: los millones que no han sido invitados a la fiesta y que cargan en sus espaldas el costo social de los mega eventos deportivos como corolario de un proceso de concentración monopólica sin precedentes en Brasil.
Características de la potencia económica
En los últimos años, se viene consolidando una reconfiguración de la elite política y económica en el gigante sudamericano, que ha entrado al siglo XXI de la mano de la producción, extracción y exportación de materias primas con escaso valor agregado, fundamentalmente la agroindustria de monocultivo, la extracción petrolera y la explotación de grandes yacimientos de minerales a cielo abierto.
A la par suyo, el mercado interno se sostiene con el financiamiento de negocios inmobiliarios, y la venta de automotores y electrodomésticos.
Precisamente, la confirmación del país como sede de todos estos eventos a escala mundial, es un gigantesco botín para un puñado de empresas constructoras de capitales brasileros entre las que se destacan Odebrecht, OAS y Camargo Correa (propietaria en Argentina de Loma Negra y Alpargatas, entre otras).
Estas empresas, adjudicatarias de las principales licitaciones para la construcción y remodelación de los estadios y diferentes obras ligadas a la infraestructura necesaria para los mega eventos en cuestión, vienen siendo apadrinadas por Lula Da Silva desde que dejara sus funciones como presidente, y son las mismas firmas que financian las campañas del PT.
Los escándalos por coimas y sobreprecios en torno a estas obras vienen alimentando la bronca del pueblo brasilero que hace tiempo ha empezado, con razón, a descreer de los beneficios de organizar tales eventos.
Ya se calculan en no menos de 170.000 las personas desalojadas de sus viviendas en favelas y barrios humildes por las obras en marcha.
La marginación social y la criminalización de la pobreza llega a niveles inéditos y la creación de las “Unidades de Policía Pacificadora” en Río de Janeiro y otras ciudades, encargada de operativizar la “limpieza en las calles” es solo la primera fase de una avanzada represiva que prevé el gasto de unos 1.500 millones de dólares sólo en aparato de seguridad para los próximos años. Como se acostumbra en estos casos, la propaganda oficial ha centrado su objetivo de legitimación social en la apertura de innumerables fuentes laborales a partir de la designación de Brasil 2014 y Río 2016.
Sin embargo desde que arrancaron las obras, las condiciones laborales inhumanas, los salarios miserables y las demoras en el pago a los trabajadores en la mayoría de los emprendimientos, han multiplicado los paros, huelgas y hasta ocupaciones de oficinas empresariales en los últimos meses.
Al mismo tiempo, el boom inmobiliario ha motivado un alza en los alquileres que, en algunos barrios de Río llega al 300%, reforzando la marginación de los sectores con menor capacidad de consumo, y ratificando que ni la Copa ni los JJOO son para ellos.
Mientras, se deterioran rápidamente las finanzas públicas, cae en picada la balanza comercial, el gobierno busca salir del paso atrayendo la inversión extranjera, lo cual refuerza la extranjerización de la economía y consolida la dependencia respecto del capital financiero internacional.
A la calle…
Al cabo de diez años de gobiernos del PT, este modelo productivo ha ido configurando un bloque social opositor integrado, entre otros, por pequeños productores rurales en ruina, pueblos indígenas arrasados, trabajadores de la salud y de la educación, sectores medios urbanos y estudiantes universitarios.
Así, a la par del estancamiento económico, la creciente inflación sobre todo en los alimentos, y las amenazas de recrudecimiento de los niveles de desocupación; uno de los primeros indicadores que anunciaban el actual estado de rebelión en las calles brasileras es el nivel de popularidad del gobierno de Rousseff: de un 75% en 2012 a un 65% en marzo y 57% en junio, justo antes de que estallaran las actuales protestas.
Las expresiones de protesta callejera de los últimos días, lejos de amainar ante la represión y los gestos falsamente conciliadores del gobierno, indican que estamos ante el inicio de un proceso de rebelión popular que, en la medida que vaya avanzando en organización y esclarecimiento programático, le empieza a poner fecha de vencimiento a los gobiernos que, envueltos en un ropaje presuntamente “progresista” han hecho los deberes para monopolios, multinacionales y banqueros en esta región.
El pueblo brasilero tomando las calles es una gran bocanada de oxígeno que llena de vigor las luchas obreras y populares de la región y del mundo, ratificando que en todas las latitudes soplan vientos a favor de una solución de fondo, esto es, popular y revolucionaria, a las necesidades de los trabajadores y el pueblo. En nuestro país, el gobierno de CFK teme el efecto contagio  y que este contrincante popular reemplaze en las calles a la dócil oposición de la otra derecha.